Venezuela, con un territorio continental y marítimo de 2 millones de km2, es un país rico en recursos hidrológicos sumergido en una Emergencia Humanitaria Compleja que impide, entre otros derechos, el acceso al agua potable y al saneamiento1. El país cuenta con mucha más cantidad de agua de la necesaria para abastecer a toda su población2, cercana a los 32 millones de personas. Sin embargo, el desmantelamiento de toda la estructura institucional y física del sector compromete la calidad de las fuentes de abastecimiento, los procesos de tratamiento y de potabilización de las aguas, la distribución, el saneamiento, la salud, la producción hidroeléctrica, la hoy escasa producción alimentaria e industrial. En fin, la vida de los venezolanos en todos los ámbitos.
La destrucción y contaminación de cuencas y acuíferos, impide el acceso a fuentes del recurso hídrico, incluso en espacios supuestamente "libres de contaminación", como zonas rurales o la propia Orinoquia y la selva amazónica venezolana, cuya tasa de deforestación es una de las más altas del mundo; transformando pulmones vegetales en lugares de destrucción de la vida y su biodiversidad, e impactando a poblaciones y etnias originarias, ya de por sí vulnerables. La deforestación y la minería – legal o ilegal- que se adelanta al sur del Orinoco, propicia de manera considerable el crecimiento de vectores de Malaria, Dengue, Zika y Chikunguya, con el agravante de la contaminación de las aguas, suelos y la atmósfera por el uso del mercurio (Hg) y el cianuro (CN-)3 4.
La vida del país y de sus ciudadanos está siendo afectada por: a) la destrucción de sus cuencas, b) la escasez inducida por la mala gestión, c) la contaminación de sus aguas y/o las inundaciones. La red de monitoreo hidrometeorológica, herramienta indispensable de cualquier plan de suministro de agua potable y evaluación de riesgos, se encuentra igualmente muy disminuida en su institucionalidad y en su infraestructura. Eventos absolutamente previsibles, intensificados por el cambio climático, si acaso llegan a reportarse, no son atendidos adecuadamente. La condición se profundiza porque energéticamente dependemos del embalse Guri para producir más del 65% de la electricidad que se consume en el país. Actualmente 9 de sus 20 turbinas están dañadas y no existen planes para repararlas. El diagnóstico es reservado. Apagones de más de 12 horas han ocurrido y siguen ocurriendo en gran parte del territorio nacional. Si dejase de funcionar la hidroeléctrica Guri, agravaría mucho más la Emergencia Humanitaria Compleja en que nos encontramos.
El derecho humano al agua es disponer de un abastecimiento suficiente, regular y adecuado de agua potable para uso personal y doméstico, salubre, aceptable y a costos soportables, que garantice la salud y satisfaga necesidades de consumo, cocina e higiene. Esto incluye el derecho a los recursos hídricos, como recurso natural y bien social y cultural, conservados, gestionados y protegidos para un suficiente y equitativo abastecimiento de agua en forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud humana, y sostenible para las generaciones actuales y futuras; el derecho a vivir en un hábitat humano libre de riesgos para la salud por agua insalubre y/o contaminada, garantizando que los recursos hídricos naturales y los ecosistemas acuáticos estén a resguardo de sustancias nocivas, microbios patógenos y vectores de enfermedades; y el derecho a que no haya interrupciones o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones de agua y aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio (CESCR: Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, 2002)
Al contrario, en 1998 el 87% de la población recibía agua potable de manera continua y regular. La situación de hoy obliga a los usuarios a almacenar agua en envases diversos, que propician el crecimiento de vectores de enfermedades como Zika, el Dengue y Chikunguya. Adicionalmente obliga a buscar proveedores informales de agua (caso de camiones cisternas) cuya calidad como agua potable no está en absoluto garantizada y cuyos costos son muy onerosos, sobre todo para los usuarios de menores recursos. Esta adversidad significa que, en la actualidad, la calidad de vida del 82% de los venezolanos es cada vez más precaria. El ritmo de lo cotidiano7 se ve alterado completamente por la espera de la llegada del preciado líquido, que por lo general es incierta. Por esta circunstancia, en el primer semestre de 2018 se han llevado a cabo 260 protestas a nivel nacional por falta de agua. El estado Miranda y el Distrito Capital, donde se concentran 5.327.360 habitantes encabezan la lista8
Gran parte de esta red tiene más de 50 años de construida. La importante cantidad de agua potable que se pierde -por roturas de tuberías, empotramientos ilegales u otras causas derivadas del deterioro de la infraestructura- no llega a los usuarios, quienes al mismo tiempo ya están sometidos a racionamiento, en muchos casos muy severos (hasta 30 días sin recibir agua). La situación de racionamiento que sufre el 82 % de la población, implica una clara disminución de la calidad de vida de esa población. Adicionalmente, esas fugas de agua se reparan después de muchos días, a veces semanas y meses (si es que se reparan); tiempo suficiente para que el agua socave vías y terrenos, con su consiguiente deterioro, sumando así un problema más: deslizamientos de masas de tierras, especialmente en áreas de viviendas informales, muchas de ellas en zonas de gran pendiente y terrenos inestables. Según la agencia de Protección Civil este rubro ocupa el 72% de las incidencias, mientras que el 28% restante se distribuye entre derrumbes, inundaciones, asentamientos del terreno y otros10.
La última información disponible del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, de 2011, contabiliza una recolección de sólo un 30% de las aguas servidas de la población, alrededor de 9.000.000 de personas. Si desde ese año hasta ahora no ha habido reemplazo de tuberías, ni obras nuevas, es fácil entender que 7 años después la situación solo haya podido empeorar. En 1998 se recolectaba el 84% de las aguas servidas de las que se trataba el 48%. Igual inferencia podemos hacer con las plantas de tratamiento. Para el 2011 no se menciona el porcentaje de aguas tratadas. Si 7 años después no ha habido ningún tipo de mejoras, podemos concluir que ahora simplemente no hay tratamiento para lo poco que se colecte, si es que se colecta algo. La inadecuada provisión de agua potable y la deficiencia de servicios de recolección, incide en las condiciones sanitarias y de higiene de la población. Promueve la aparición de enfermedades de transmisión y origen hídrico. Según el último Boletín Epidemiológico de 12/2016, entre 2015 y 2016 hubo un incremento del 26,2% en los casos de diarreas en menores de 5 años (pasaron de 676.388 casos a 853.698 casos). Con una tasa correspondiente a 2016 de 781,05 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la hepatitis viral A en 2015, el mismo Boletín señala que los casos alcanzaron a 5.850 y en 2016 disminuyeron a 4.305. La tasa de morbilidad nacional por dicha enfermedad alcanzó a 13,88 por cada 100.000 habitantes. En la semana 51 de 2016 se consideró situación de epidemia en Zulia, Táchira, Miranda, Yaracuy, Carabobo y Aragua y en situación de alerta a Falcón y Vargas. En la semana 52 de 2016 la situación de epidemia se evidenció en Falcón, Trujillo, Guárico y Delta Amacuro y en estado de alerta Zulia, Barinas, Lara, Cojedes, Aragua y Vargas11.
55% de los centros de atención de salud pública no recibe agua de forma continua y hay un 25% que no recibe nada12.
El comienzo del año lectivo 2018-2019 inicia con varios estados inundados y sus escuelas no escapan a esa situación. El maltrecho sistema de saneamiento que pueda aun existir no funciona bajo inundaciones. Noticias de prensa dan a conocer que en el Edo Bolívar hay al menos 14 escuelas utilizadas como refugio para las familias de poblados inundados17.
En los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro se concentran las mayores cuencas hidrográficas del país. “De 2000 a 2013 la deforestación alcanzó alrededor de 4.150 km2, lo cual representa 47% de la deforestación acumulada hasta el año 2000. La pérdida anual, a partir de agosto de 2000, por subperíodo analizado, ha ido en aumento, a diferencia de la tendencia en la Pan Amazonía que es a la disminución”18. Al norte del Orinoco hay estimaciones que sugieren que desde 2001 hasta el 2017 Venezuela perdió 1,83 millones de hectáreas, equivalentes a un 3,2% de pérdida desde el año 200019. Los estados con mayor porcentaje de pérdida de bosques fueron: Zulia, Barinas, Portuguesa, Falcón, Anzoátegui, Lara, Guárico, Táchira y Trujillo20. El Sistema de Parques Nacionales fue creado para cuidar las fuentes de agua del país, por ello la Constitución señala expresamente su cuido21.
El desvío de cursos de aguas, receptores de aguas residuales, sin tratamientos adecuados hacia otros cuerpos de agua, están provocando su contaminación y eutrofización. Ejemplos: Desvío de las aguas del río Tucutunemo hacia el río Guárico y embalse Camatagua, induciendo su eutrofización acelerada22,23; el desvío de las aguas del río Cabriales hacia la cuenca del río Pao, causando el deterioro de la calidad de las aguas del embalse Pao-Cachinche24. El mal manejo de los embalses ha permitido la proliferación de plantas acuáticas que aumentan la tasa de evaporación e impulsan el deterioro de la calidad por acumulación de materia orgánica. Ejemplos: Sobrecrecimiento de Eichhornia crassipes (bora) en el embalse La Mariposa, con el consecuente deterioro de la calidad de las aguas25. Sobrecrecimiento de Pistia stratiotes (repollo de agua) en el embalse La Pereza, afectando la calidad del agua en la propia fuente y afectando a la población26. En los últimos 15 años el ente estatal encargado de los recursos hídricos no ha construido ninguna nueva represa27.
Del 2014 al 2018 el ente oficial que se encarga del agua ha sufrido los siguientes cambios: el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente fue eliminado. Fue el primer Ministerio del Ambiente en América Latina. Posteriormente, se convirtió en el vice Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, para luego ser el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, y ahora el gobierno lo separó para finalmente nominalmente tener dos Ministerios: Ministerio de Ecosocialismo y Ministerio para la Atención del Agua28. Desde 201429, hubo múltiples cambios en la presidencia de HIDROVEN, empresa encargada de la producción del agua potable. Hay otro tipo de mal manejo de los embalses y es el administrativo. Ha habido denuncias sobre corrupción y distracción de fondos en el manejo de algunos embalses. De las averiguaciones adelantadas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, se concluyó que durante los trabajos del Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor (Expediente 1.467) hubo irregularidades administrativas, por lo cual existe una sanción política a las autoridades gubernamentales involucradas30.
El agua no está siendo tratada adecuadamente violando las normas establecidas. Las plantas potabilizadoras fueron construidas hace más de 50 años bajo unos parámetros técnicos convencionales, porque el agua presentaba bajos niveles de contaminación. Aún en 1995, el Decreto 883 muestra que todavía teníamos un agua fácilmente tratable: aguas tipo 1A y 1B31. Las condiciones del agua cruda han desmejorado considerablemente y las plantas no están en capacidad de potabilizar la materia prima contaminada que les llega. Las normativas no han cambiado, el deterioro de las cuencas y fuentes de agua cruda crece y las plantas de tratamiento no se han modificado. El resultado es uno solo: No hay agua potable en el país32.
A lo sumo ha recibido algunos tubos nuevos en algunas partes de la red. La vida útil de la red ya se cumplió. En 1943 nace del Ministerio de Obras Públicas el Instituto Nacional de Obras Sanitarias INOS, encargado de allí en adelante y por más 40 años del abastecimiento y saneamiento urbano. Las construcciones fueron calculadas para una vida útil de 30 a 40 años. Cumplidos esos tiempos no ha habido obras de reemplazo planificadas ni el mantenimiento requerido para extender su utilidad. Sólo reparaciones por emergencia.
Para 1998 se recolectaba el 84% y se trataba el 48%. En 2018 se perdió tanto la capacidad de recolección como la de tratamiento. Un ejemplo de la falta de planificación y gerencia en los trabajos de saneamiento es el Proyecto del río Guaire que comenzó en 2005. Recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 300 millones de dólares, más otros 70 millones por vía ordinaria del gobierno venezolano. A pesar de ese apoyo económico el 80% de las obras están paradas33.
La actividad petrolera ha contaminado cuerpos de agua como el Lago de Maracaibo y los ríos cercanos a cuanta actividad petrolera se ha desarrollado en el país. Al sur del Orinoco, la actividad minera de oro ha contaminado los ríos con Mercurio (Hg) y Cianuro (CN-); y las lagunas de lodos producidas por Bauxilum35 han sido lavadas por las inundaciones. La agricultura también se ha encargado de contaminar muchos cuerpos de agua con agroquímicos, algunos de ellos prohibidos por convenciones internacionales ratificadas por el Estado venezolano36, con lo cual se han violado leyes nacionales e internacionales37.
Las instituciones que prestan servicio en situaciones de riesgo como el cuerpo de Bomberos urbanos y/o forestales y Protección Civil, carecen de los equipos adecuados para intervenir en ninguna eventualidad. La falta de información impacta a ganaderos y agricultores: La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ya en 2014 exhorta a: “Crear un sistema de información que permita a los usuarios estar informados en tiempo real de la situación meteorológica en el país y sus posibles consecuencias”38.
Recientemente, Carlos Albornoz, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, envió este Tweet: “Apelamos a la solidaridad de los ganaderos de Vzla para entre todos intentar crear alternativas. Desde aquellos lugares con excedentes forrajeros, y aunque entendemos la dificultad, ¡hacer fardos (pacas) y trasladarlos (quien pueda) para intentar sostener la situación!”39. Por otra parte, “Ganaderos de algunas zonas del país aseveran que tenían capacidad para extraer hasta 15 litros de leche diarios de cada vaca, cantidad que disminuido a siete”40. La sequía se suma a una larga lista de problemas en contra de la producción alimentaria. “Ya las muertes de animales bovinos por la extensión de la sequía, asciende a más de 51.000 reses entre Aragua, Anzoátegui, norte de Bolívar, Cojedes, Carabobo y Guárico. Otra durísima calamidad con la que no es fácil lidiar. Deben estar pereciendo más de 1.100 reses por día en Venezuela”41.
Según información presentada por la comisión mixta de la Asamblea Nacional en el período 2010-2015 el gobierno realizó un inmenso gasto (42 millardos de US$) en nueva infraestructura eléctrica. A pesar de esa inversión no hay mejoras en el servicio. “El Gobierno nacional está al tanto de que 45 por ciento de las turbinas del Guri están fuera de servicio”. … “De las 20 turbinas instaladas, había 5 detenidas, por falta de mantenimiento y repuestos, hoy suman 9”. … “Recuperar las nueve turbinas puede tomar un periodo de tres años”. “Y eso es posible si se cuenta en el país con el personal calificado, con recursos financieros y con la participación de las empresas extranjeras que se encargan de proveer los repuestos y reparar o repotenciar ese tipo de máquinas. Corpoelec no cuenta con eso”42.
De 1999 a 2009 se invirtieron Bs: 747.766.2016 para solventar la problemática del lago43. En marzo del 2012, la sociedad civil reunida por el Movimiento por la Calidad del Agua demandó al Estado ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir sus derechos al acceso al agua limpia potable y la problemática de las comunidades en riesgo ante la crecida de Lago de Valencia. La sentencia del tribunal refirió el caso a un tribunal municipal por considerarse incompetente para su conocimiento44 y todavía se espera por decisión.
Obligaciones del Estado: El Estado tiene la obligación internacional de garantizar un sistema de abastecimiento y gestión de agua que llegue en forma suficiente, regular y apta a cada hogar, institución educativa, centro de salud y lugar de trabajo, con instalaciones y servicios a distancias razonables y salidas suficientes para evitar tiempos de espera prohibitivos; regular y controlar eficazmente los recursos hídricos, que evite su contaminación y extracción no equitativa, el daño o destrucción de las fuentes naturales y de los sistemas de distribución de agua (redes de canalización, cisternas y pozos); y aceptar asistencia humanitaria internacional que proporcione acceso a recursos hídricos y apoyo financiero y técnico facilitado por otros Estados y organizaciones internacionales en casos de emergencias humanitarias. (CESCR: Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, 2002)
El presente reporte sobre la Emergencia Humanitaria Compleja en el Derecho al Agua, responde a una metodología interdisciplinaria que reunió a múltiples actores informados para compartir, contrastar y fundamentar datos sobre la situación de este derecho en Venezuela, haciendo hincapié en la escala, intensidad y severidad de los daños a la población por la pérdida de las capacidades hidrológicas del país. Entre los actores participaron organizaciones de profesionales en terrenos, comunidades de base, investigadores y académicos, así como organizaciones dedicadas a la defensa del derecho al agua, quienes realizaron varias sesiones de trabajo a fin de documentar los problemas y eventos más relevantes durante los últimos años. En estas sesiones se recogió abundante información que abarcó datos empíricos, investigaciones científicas, estadísticas oficiales y reportajes periodísticos disponibles.
Las siguientes organizaciones participaron en la preparación de este reporte nacional: Fundación AguaClara, Coalición Clima 21, Aguas Sin Fronteras, Mesas Técnicas de Agua de la Red de Organizaciones de Baruta del estado Miranda y la asociación civil Fuerza Ecológica de Calabozo (FECOLCA). Civilis Derechos Humanos brindó apoyo en la construcción y desarrollo de la metodología en su mandato de fortalecer a la sociedad civil en el campo de los derechos humanos.
Nota: Agradecimiento a las instituciones que conforman el grupo de trabajo que elaboró este Reporte Nacional, Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela DERECHO AL AGUA por autorizar su divulgación a través de nuestra revista y en especial, a la Dra. Griselda Ferrara de Giner, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de la UCV, quien facilitó este importante material.