* Psicólogo UCV, escritora, educadora. Creadora, Directora y Presidente de la Asociación Muchachos de la Calle. Consultora del área de Infancia y Adolescencia. Miembro de REDSOC.
Doctorando FACES.
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** Profesor, investigador, escritor. Fundador de la Asociación Muchachos de la Calle. Red para la Infancia y la familia.
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Se llama la atención sobre algunos aspectos de la violencia, que no son visibles, como es el caso del asesinato de niños, niñas y adolescentes, hechos que ocurren de uno o dos a la vez, como un goteo, hechos que pasan desapercibidos, y no tienen el impacto que podrian tener si murieran todos juntos. Este es un rostro de la violencia. La otra cara de la violencia la constituyen los agresores, que se pudiera pensar, pertenecen a otro planeta. Pero no, los victimarios a veces son vecinos, compañeros, conocidos y lo más grave, en muchos casos, son adolescentes. La violencia tiene muchas aristas, sin embargo en este trabajo presentaremos dos de ellas. Ante estos hechos surge la pregunta y ¿qué se puede hacer? Existen soluciones para reducir la violencia y existen experiencias exitosas y buenas prácticas, tanto en Venezuela, como internacionalmente que merecen ser estudiadas, adaptadas, replicadas.
El asesinato de niños, niñas y adolescentes se está convirtiendo en un infierno en la sociedad venezolana actual.
Pareciera que ya nada nos asombra. Casi todos los días aparece en la prensa la muerte de un niño o adolescente. Sin embargo solo emerge el dolor de las madres que pierden a sus hijos producto de la miseria, el hambre, la indiferencia, el secuestro. El asesinato vil de niños, niñas y adolescentes permanece como una herida que sangrará siempre y lo que es más grave es un crimen que posiblemente quedará impune, como sucede en Venezuela en más del 90% de los casos.
En los primeros días del año 2011 fueron asesinados dos bebés y varios adolescentes en diferentes sucesos reseñados por la prensa local. El año también terminó con la muerte de un bebé.
Durante el año pasado diferentes sucesos fueron reseñados por la prensa: el asesinato de un miembro de Los Criollitos, de liceístas que perdieron la vida a manos de compañeros o amigos, de niñas embarazadas, de excelentes estudiantes, de niños jugando en su casa, de niños y niñas asesinados por su propio padre o padrastro o vecino.
El año tuvo un amargo final cuando una bebé murió por una bala perdida.
Por su parte, el año 2012, no fue mucho mejor y empezó, en las primeras horas, con la muerte de una niña de solo siete años, dentro de su hogar, a causa de una bala perdida. Otros niños, niñas y adolescentes han sido asesinados y solamente en el Area Metropolitana, en los primeros cinco meses, hay 54 menores de edad, victimas de esta violencia que pareciera no tener fin.
La muerte de un niño de cuatro años en Guanare conmovió al país y movilizó una ciudad a pedir justicia. Pareció que se iban a tomar medidas, sin embargo, en Venezuela, la frecuencia de estos terribles hechos se ha convertido en una cultura de la muerte y lo peor pareciera no conmover a nadie, un delito que no tiene perdón, como el que está sucediendo en las calles de Caracas, a la que solía llamársele sucursal del cielo, ¿Tendría que llamarse ahora sucursal del infierno? El infierno que están viviendo padres y madres que, petrificados, desconcertados, ven morir a sus pequeños hijos delante de sus ojos, algunos en sus brazos.
Las muertes de niños enlutan hogares, truncan sueños, y algo más grave, mutilan proyectos de vida de los padres y en especial de la madre.
En varios foros desarrollados en Caracas y en Ciudad Guayana se ha planteado el tema de la violencia, de la impunidad. Los expertos coinciden en la grave descomposición social e indicaron que las personas entre 15 y 29 años, son los afectados por los delitos de homicidio, pero a la vez es la edad de los victimarios que cada día son más jovenes los que ingresan al mundo delictivo y siguen en libertad.
Cada fin de semana mueren de forma violenta en la subregión un estimado de cinco personas, y en promedio ocho niños y niñas quedan huérfanos de padre o madre.
Igual que muchas otras madres venezolanas siente el profundo dolor de ir al entierro de un hijo, cuando apenas se asomaba a la vida y a quien le arrancaron no solo el futuro y los sueños. ¿Qué se le puede decir a una madre que pierde a su hijo? ¿A un abuelo que pierde primero su hijo y posteriormente a los pocos meses su nieto? ¿Qué se le puede decir a una madre que pierde su hermano y luego a su hijo adolescente? ¿A una madre que pierde tres de sus hijos en tiempos diferentes? ¿Al hermano que pierde su gemelo?
Atrocidades éstas, que quedan sin resolverse ante la mirada indiferente de un gobierno que no tiene la capacidad de ponerle fin a estas muertes sin que se levante una voz condenando estos hechos, y solamente preguntan ¿por qué los matan?
Bebés, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas y victimarios, todo el futuro de la patria, atrapados en una red de violencia.
Todos ellos murieron cuando tenían que haber vivido con dignidad, en un país que se ocupase de haberles dado no solo la protección, sino también la seguridad de educarlos para hacer de ésta, su patria, un lugar de progreso, libertad y paz y sobre todo de felicidad.
No hay palabra humana para expresar tanto dolor e impotencia cuando se pierde una vida, no por la fatalidad, sino por una situación trágica y absurda como es el caso de las balas perdidas.
Sólo el ominoso silencio que rodea la matanza de bebés, niños y niñas, adolescentes, jóvenes… ¿en tiempo de paz?
Pero hay otro aspecto de esta violencia, y es la de los victimarios.
La de los agresores que también son adolescentes o jóvenes. ¿Y quiénes son esos adolescentes victimarios? En muchos casos, compañeros, vecinos del mismo barrio, que por no estar trabajando ni estudiando, por no tener un proyecto de vida, empiezan cometiendo pequeñas faltas que quedan impunes, y se van involucrando en la espiral de la violencia. Pero ¿ese adolescente actúa por cuenta propia?
Un “circulo vicioso” lo rodea, el adulto que lo induce a cometer delitos, la madre que le acepta el dinero y cosas para la casa, como la nevera que siempre soñó, sin preguntar el origen del dinero. El policía que le quita la mercancia o el dinero sustraido, y lo deja ir libre. El comerciante comprador de los objetos robados. El de la recuperadora de metales le compra los objetos y le paga con drogas.
Cuando el muchacho es detenido, muchas veces sin entender el porqué, es recluido en una institución que no tiene talleres de formación laboral, no tiene espacios educativos, no tiene biblioteca. En esa institución son violados sus derechos a la salud, a la educación, al uso del tiempo libre. Y un elemento importante, se olvida su condición humana.
Uno se pregunta ¿dónde están esos programas gubernamentales que efectivamente encaucen a nuestros niños, niñas y jóvenes a ser verdaderos revolucionarios de la cultura de la vida, de la paz, del progreso y no de la cultura de la muerte que los lleven a matar, a delinquir, a tomar las armas para defender una patria que los asesina cobardemente y los priva de la posibilidad de vivir. Sin embargo hasta ahora no hemos visto a ninguno de los numerosos funcionarios defensores de los niños, niñas y adolescentes, manifestar sus palabras de compasión ante estos oprobiosos acontecimientos.
Se han dictado numerosas normas, regulaciones, orientaciones. Se han firmado tratados, como por ejemplo la Asamblea General, en su resolución 40/33 del 28 Noviembre 1985, adoptó las Reglas mínimas de las Naciones Unidas, para la administración de Justicia de menores (Reglas de Beijing), con orientaciones de carácter general para promover el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, privados de libertad.
Así mismo las Naciones Unidas emitieron Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil las cuales fueron adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112 del 14 de Diciembre de 1990, en las cuales uno de los principios fundamentales es “La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito”.
Por su parte, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, y del adolescente (LOPNA) y cuya aprobación promulgada en el año 2000, significó un cambio de paradigma, al determinar al niño y adolescente como sujeto de derechos y no como objeto de estudio y cambió su denominación de infractor, a adolescente en conflicto con la ley.
Uno de los logros lo constituyó la creación de una comisión de implementación en los tribunales existentes y demás órganos para formar al personal en el cambio de paradigma.
A los doce años de la aprobación de la Ley cabe preguntarse:
¿Han mejorado las condiciones que enfrentan los niños y adolescentes en conflicto con la Ley?
¿Está garantizado un mejor trato de parte de las autoridades policiales?
¿Reciben los niños y adolescentes la atención de un personal especializado?
¿Quién atiende a los niños y adolescentes en conflicto con la Ley?
¿Se han hecho instituciones ad hoc para atender esta población?
La respuesta es NO en todos los casos.
Si bien en la LOPNA están claramente establecidos los órganos encargados de ejecutar los programas, lo que es más grave, en los momentos actuales no existe claridad sobre cual organismo público tiene la responsabilidad de ejecutar los programas para los adolescentes en conflicto con la Ley.
Se realizaron múltiples seminarios, convenciones, foros, talleres, mesas de trabajo, se formularon acuerdos llenos de buenas intenciones, pero sin definiciones concretas en la operatividad y las acciones entre los programas y servicios.
Hasta la fecha, por ausencia de políticas públicas y falta de lineamientos específicos de parte del Consejo Nacional de Derechos antes y ahora del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), no están definidas las acciones que se deben instrumentar y habilitar a fin de que los órganos pertenecientes al Sistema de Protección, las Entidades de Atención y las Instituciones de Internamiento puedan cumplir con los lineamientos de la (LOPNA), sobretodo en lo relativo a implementar un Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente que garantice el respeto a sus derechos en los casos que presente conflictos con la ley.
Todo esto tiene como consecuencia que:
Las instituciones que fueron creadas para que los muchachos pudieran disfrutar de áreas verdes, canchas, y talleres en sus instalaciones físicas, desde 1984, han sufrido constantes remodelaciones hasta convertirlas en centros de tipo carcelario, con camas de piedra y celdas y el espacio utilizable ha sido reducido a su más mínima expresión hasta el uso indiscriminado de aislamiento con una sistemática violación de los derechos humanos y la criminalización de los adolescentes. Todo esto justificado en una “supuesta peligrosidad” lo cual tiene como consecuencia, y deban ser “encerrados”, sin que existan alternativas reales para la atención de esta problemática,
En la atención a los adolescentes en conflicto con la ley, diversos errores, entre otros, han incidido negativamente en la solución del problema:
Es importante mencionar a Klinsberg (2004), quien señala: “Se necesitan políticas públicas que realmente se hagan responsables para garantizar a todos los niños sus derechos indiscutibles a nutrición, salud, educación, desarrollo…
Así por ejemplo hay quienes prometen una solución muy sencilla para los niños delincuentes, bajar la edad de imputabilidad para encarcelarlos. En ninguna Sociedad del mundo se hace hoy eso. Todo el esfuerzo está volcado en su rehabilitación. Está demostrado que la mejor manera de reducir las tasas delincuenciales de niños y jóvenes se halla en invertir en fortalecer la familia, aumentar la educación, y crear oportunidades de trabajo en el caso de los jóvenes…”.
En Venezuela se hizo todo lo contrario, y la LOPNA bajó la edad, estableciendo la responsabilidad penal a partir de los 12 años, y establece penas severas a partir de los 14 años.
Además, en la actualidad existe un proyecto de código penitenciario, cuyo contenido no se conoce, ni se desarrollan normas que garanticen y protejan la condición de los y las adolescentes como personas en desarrollo. El proyecto en los términos expuestos puede conllevar a un tratamiento no diferenciado con las personas adultas, específicamente en áreas como traslados y conducciones, uso progresivo de la fuerza, régimen y sanciones disciplinarias, entre otros aspectos.
Lo preocupante es que de acuerdo a las cifras que maneja el OVV conformado por los centros de investigación de las universidades nacionales que formamos parte del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) el 2011 concluyó como el año más violento de la historia nacional, como aquel en el cual se han cometido más homicidios, para un total de 19.336 personas asesinadas.
Es de señalar que el 93% de las 3.488 personas que fueron asesinadas en la capital venezolana durante el 2011, eran hombres cuyas edades oscilaban entre los 15 y 24 años.
El primer estudio anual presentado, que según indicaron, está basado en cifras oficiales y extraoficiales da cuenta también que uno de cada cinco homicidios en el país se produjo en el área metropolitana de Caracas.
Un grave problema es la falta de registros que permitan disponer de datos confiables ni de estadisticas que permita conocer la situación real de los adolescentes. Se alega principio de confidencialidad para no suministrar datos, lo cual incide negativamente en cualquier investigación que se quiera realizar.
Solo se conoce de su existencia cuando ocurren motines, como ha sucedido en varias ocasiones, y solo dan fé de la peligrosidad de los muchachos, pero nunca informan de la violación de sus derechos de educación, alimentación, salud. Por el mismo desconocimiento, no se asignan los recursos adecuados a los programas y las acciones son desarticuladas.
En las regiones se agudizan las carencias y en especial en estados fronterizos, estados con población indígena adolescente, etc.
Además no se cumple a cabalidad el principio de corresponsabilidad estado - familia - sociedad.
Todos los elementos anteriormente señalados conducen a la evidencia.
No se atiende a los adolescentes, en conflicto con la Ley, con criterio de prioridad absoluta, ni como sujetos de derecho ya que no existe en toda Venezuela un centro adecuado a las Normas Mínimas de las Naciones Unidas.
Las consecuencias principales:
Sorprende que sucedan estas cosas, pero más sorprende el que no se oiga ninguna voz, de los expertos o de los defensores de los niños. Acontecimientos dolorosos mientras se realizan foros, jornadas, debates, celebrando la firma de los XX años de la Convención de Los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes y a la cual suscribió Venezuela.
¿Cómo clamar por derechos humanos, a la luz de estos sucesos, cuando los niños, niñas y adolescentes pierden la vida, y se truncan en un momento todos los sueños de los padres, de las madres, abuelos y demás familiares de estos niños?
¿Cómo argumentar sobre derechos humanos, cuando no hay una sola voz que clame por los derechos de estas víctimas inocentes de un sistema injusto y lleno de desigualdad?
¿Cómo hablar de derechos humanos cuando las autoridades gubernamentales callan, ignoran, el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes?
¿Cómo explicar que nunca en Venezuela habían existido tantas organizaciones y entes gubernamentales en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia mientras los niños están tan desprotegidos e indefensos, como en los momentos actuales, cuando las organizaciones y los entes gubernamentales no están articulados en acciones contundentes a favor de la infancia y el sistema de protección no funciona como tal?
Lo cierto es que es una DEUDA Social de vieja data, sin embargo pasan los años, y la situación de los adolescentes en conflicto con la Ley, permanece igual, no obstante los avances de las leyes, la realidad para estos muchachos es que siguen en las mismas o peores condiciones que antes, en lugares no adecuados, donde no tienen derecho a la educacion, ni a talleres, y menos a una recreación. Pero lo más grave es que se les niega el derecho a cambiar, sin tener la oportunidad de un futuro. Las condiciones a las cuales son sometidos estos muchachos no les permite una reflexión de cambio, una oportunidad de formación.
Todo esto bajo el silencio cómplice de las autoridades que callan ante estas situaciones que pasan desapercibidas por el público.
Que el conocer de estos hechos no implique aceptarlos con un sentimiento de impotencia, sino un aviso de que lo que estamos haciendo no es suficiente y se dupliquen los esfuerzos, con vehemencia, para la defensa de todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, desde todos los frentes.
Es fundamental cambiar el “círculo vicioso” de corrupción, negligencia, ineptitud, para convertirlo a un “círculo virtuoso” de honestidad, eficiencia, eficacia.
Un aspecto fundamental es la PREVENCIÓN, “cuando un joven de zonas urbanas deprimidas, que corre peligro de caer en drogas o cometer delitos, es mucho menos vulnerable si tiene visión de futuro, consigue desarrollarse a través del deporte, y cuenta con una buena ética laboral”, Seligman (2011).
En cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley es necesario:
La organización Penal Reform International (PRI) publica el manual ‘Protegiendo a los niños privados de libertad: instrumentos independientes de seguimiento de la situación de niños privados de libertad en Oriente Medio y África del Norte’ coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en vigor del Protocolo Optativo de la Convención contra la Tortura y Otras Prácticas o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) en Junio 2006.
El OIJJ (Observatorio Internacional de Justicia Juvenil) agradece la publicación del manual ya que éste aborda unos de los problemas principales con que trabaja el Observatorio: las violaciones de los derechos de los menores de edad que se hallan en detención, tales como un tratamiento inhumano y degradante. Son los niños y las niñas que se encuentran en una situación de elevado riesgo de sufrir daños y malos tratos en situaciones de privación de libertad, una situación no aceptable que queda recogida en el derecho internacional. El Manual de PRI desglosa requisitos para los sitios de detención de menores según los estándares internacionales de derechos humanos (inclusive la Convención sobre los Derechos del Niño) y aconseja como implementarlos.
El uso estratégico del OPCAT es de suma importancia debido al hecho que este Protocolo incluye como requisitos visitas regulares a los centros de detención por parte de las autoridades nacionales e internacionales. A nivel nacional, todos los países que ratifiquen el OPCAT se comprometen a crear un organismo independiente para la prevención de la tortura y malos tratos en el sistema judicial dentro del primer año de la ratificación del Protocolo. Sin embargo, mientras el OPCAT establece lo que los países tienen que garantizar para personas en detención, no diferencia entre los mecanismos nacionales de prevención pensados para los adultos y para los menores. Tales mecanismos deberían incluir garantías en cuanto al acceso a la información, lugares de detención y las entrevistas privadas con las personas detenidas.
Este manual describe la situación actual respecto a las visitas de seguimiento a los centros de detención de menores. Teniendo en cuenta el marco de los estándares internacionales, desglosa las áreas donde futuras mejoras son necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos de los menores de edad. De ahí que el Manual es un recurso excelente para todos trabajando en la esfera de protección de los derechos de los niños y adolescentes en conflicto o en contacto con la ley.
El manual del PRI examina los mecanismos independientes nacionales de seguimiento que pueden contribuir a asegurar respeto y cumplimiento con los derechos de menores en detención. El OIJJ también ha reconocido la importancia de este tema y se ha involucrado activamente en asegurar su visibilidad a través de proyectos como ‘Ending Violence against Children in Custody’ cuya finalidad es acabar con la violencia contra niños y adolescentes en detención mediante el análisis del alcance que tienen las leyes nacionales y comunitarias y las políticas implementadas para proteger menores privados de libertad y hasta qué punto están en línea con el derecho internacional y los estándares requeridos por los acuerdos internacionales de los derechos humanos.
Fuente: Documento: Safeguarding Children in Detention: Independent Monitoring Mechanisms for children in detention in MENA.
Para promover la seguridad en la comunidad y reducir los delitos en zonas urbanas, es indispensable el conocimiento acerca de diversa prácticas que sean eficaces. En muchos países los programas están acertadamente destinados a los jóvenes de mayor riesgo, o que viven en zonas de alto riesgo, y van desde intervenciones durante la primera infancia, programas educativos, fomento de liderazgo entre los jóvenes, mediación y formación para obtener empleo hasta programas de rehabilitación y reintegración. Para prevenir el comportamiento violento y hacer frente a la delincuencia, las comunidades tienen que adoptar estrategias que combinen medidas de prevención, intervención y represión.
El presente trabajo no agota todas las posibles soluciones, solo sirve como elemento de reflexión, y sobre todo es un asunto de ética, como valor fundamental de la democracia, y si los esfuerzos no se encaminan a buscar alternativas más globalizantes que las actuales, la preocupación por la infancia no pasará de ser una simple preocupación.