CIEI-Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
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En la coyuntura social actual, el empleo de nuevas formas de financiamiento, como las que se siguen de la aplicación de LOCTI, pueden ser muy útiles para responder a la demanda que se le hace a las universidades de una mayor y mejor participación; es decir, una universidad más sustanciada con su entorno, que sin perder su compostura y perfil específico, logre identificar áreas de interés mutuo, sociedad/universidad, en las cuales pueda fortalecerse la investigación universitaria. Pero, es muy importante destacar, sin que ello lleve a la abolición de otros adjetivos valiosos y esenciales al carisma de cada institución. Igualmente, en esta situación, las universidades de gestión privada, usualmente con menos recursos, son las que están en mayor riesgo; por tanto, es a ellas a quienes les debería preocupar más la vigilancia de la procedencia, las intenciones y los efectos de los nuevos modos de financiamiento, mismos que, aun cuando gocen de la mejor inspiración, podrían desequilibrar el balance de la indagación en la universidad y, con ello, a la postre, a toda la organización. Un ejemplo de este sano uso por parte de universidades de gestión privada, como la UCAB, de los beneficios de la aplicación de LOCTI, está en el financiamiento de infraestructura y/o de servicios de información, los cuales sirven para fortalecer, en un corto tiempo, la investigación en general, sin mayores peligros para el equilibrio de la institución y sin que los costos inherentes se deban trasladar a la matrícula escolar.
Palabras clave: Financiamiento de la investigación universitaria, universidades de gestión privada
In the present social situation, the use of new forms of funding like those obtained by the application of the Organic Law for Science, Technology, and Innovation (Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, LOCTI), can be very useful to respond to the demands imposed on universities of a major and better participation, in other words, a University more substantiated with its environment, that without losing its specific profile, may get to identify areas of mutual interest, society/university, in which academic research can be strengthened. But, it is very important to emphasize, that all this without abolishing other valuable and adjectives essentials to the charisma of each institution. Also, in this situation, private universities usually with less resources, are those in greater risk; therefore, they should worry most for monitoring the origin, the intentions and the effects of those new ways of funding, even though they may have the best inspiration, they could also throw off the balance of the investigation in the university and by doing so, of the entire organization. An example of this “healthy” use of the benefits of LOCTI by private universities like UCAB, is the financing of infrastructure and/or information services, which in short time fortify, research in general, without major perils.
Key words: Research university funding, private universities
El hecho que la investigación universitaria sea una práctica institucionalizada, explica su vinculación con el modelo político que orienta el funcionamiento de una nación … [por ello] se espera que las políticas científicas resulten funcionales al modelo político social y por ende al Estado (Vásquez y col, 2006).
Como lo expresa el epígrafe, la investigación se entiende como una institución social y, por esto, su funcionamiento, fines y demás atributos, están regidos por la dinámica de la realidad social en la cual se enmarca; esta última, la realidad, otrora vista como estable y de radio local, en los tiempos que corren se asume en estado de transición y de alcance mundial.
En relación a esta condición de mayor fluidez de la realidad social, quizás no exista hoy día una idea más repetida que aquella según la cual ingresamos, o vamos en vías de entrar, en una nueva era merced a la llamada revolución del conocimiento. En esta sociedad emergente los trabajadores del saber irán sustituyendo a los obreros industriales tanto en el liderazgo social, como en la tarea de dar carácter y perfil social a la humanidad; así, la dinámica económica pasaría a depender de la prestación de servicios de calidad, la generación de información de punta, el progreso de la creación tecnológica, y del consumo voraz de conocimientos novedosos (Castells, 1999).
Además, a estos preceptos, independientemente de su significado teórico o veracidad, se une la conjetura según la cual las universidades deberían ser actores protagónicos en el proceso hacia la nueva meta y en la consolidación y mantenimiento del nuevo orbe. Un papel que se da a las casas de estudios superiores puesto que ellas serían las más llamadas a ser fuente de los nuevos recursos de esta novísima economía basada en los conocimientos; y, además, porque estarían igualmente en capacidad de resguardar los valores en que se fundamenta la nueva riqueza (Ginés, 2004).
Del mismo modo, si a estas ideas se une otra muy sonada, la globalización, el accionar que se demanda de las universidades se transforma alarmantemente, ya que todo esto las obliga, uno, a ser competitivas no tan solo en su ámbito local, sino en toda la tierra, mediante el ofrecimiento de productos y servicios internacionales, competitivos e innovadores, en permanente estado de actualización (Hatakenaka col, 2006) y, dos, les exige actuar mancomunadamente, porque “la investigación se está moviendo de ser una acción individualista, disciplinariamente basada a ser una actividad colectiva, orientada a la solución de problemas y multi-organizacional” (Benner, 2001).
Para especificar la envergadura de este desafío, liderar la investigación en el nuevo concierto planetario, y para referir el tema al ámbito de los países latinoamericanos, valen las palabras de (Elizondo y col, 2007).
… el gran reto que enfrenta la universidad en el contexto de la sociedad de la información es la generación de estrategias para desarrollar y mantener un vínculo y constante presencia en el desarrollo de conocimiento a través de la investigación. Lo anterior es aún más agudo si se le observa desde la perspectiva de (Tünnermann, 2003) que indica que “… para el caso de América Latina se estima que el 80% de las actividades de investigación y desarrollo se lleva a cabo en las universidades, principalmente públicas”. Sin embargo, habrá que señalar que la mayor proporción de las universidades latinoamericanas no contempla la investigación como parte del proceso de formación de sus alumnos o como parte significativa de sus funciones ante la comunidad.
A este reto y a las dificultades señaladas se suma que la educación superior enfrenta en todas partes grandes desafíos y muchas dificultades relativos a su financiación (UNESCO, 1998).
Así pues, es obvio que estos retos son enormes para cualquier universidad; y son aun mayores para las instituciones de gestión privada, es decir, para aquellas cuyos recursos económicos dependen, esencialmente, del emolumento que cancela la matrícula estudiantil como retribución a la educación que reciben, usualmente referidas como enfocadas a la docencia y de investigación sólo académica o didáctica (Barsky, 2001).
Ante demandas tan grandes, con cuáles medios cuentan las universidades para responder a las expectativas sociales. Pues bien, la respuesta no parece ser otra que la de siempre, es decir, dispone de sus ingentes recursos humanos y de su consabido modo de actuar; concretamente, ahora más que nunca despunta el valor de la sempiterna llave del éxito de las universidades: la sinergia docencia-investigación. En un mundo globalizado, en una sociedad del conocimiento, no puede existir una enseñanza universitaria sin investigación, ni una investigación anuente de magisterio.
Pero, aun cuando los intérpretes propuestos sean los mismos de siempre, esto no implica que los parlamentos sean los clásicos y repetidos; por el contrario, el punto diferente radica en que hay que actualizar el modo en que los actores se relacionan, entre ellos y con la sociedad, y remozar, trasmutar dirían otros, sus diálogos. De un modo más concreto, como lo señala (Rama, 2006).
El nuevo modelo de Universidad debe construirse alrededor del triangulo educación, ciencia y tecnología, que integre a toda la sociedad en la prioridad de la investigación en la orientación de los recursos, que abra las puertas de las instituciones oficiales a la demanda de los sectores económicos, que establezca parámetros asociados a la investigación en la actividad de las instituciones privadas, que ponga el acento en la creación de parques tecnológicos o incubadoras de empresa, y que encuentre en la venta de servicios y la asistencia tecnológica una importante contribución a la problemática del financiamiento universitario y el incentivo a la formación profesional de los docentes.
Especificando un poco más el papel que debería desempeñar la indagación en la academia actual, la nueva realidad supone que la investigación universitaria tendría que:
Estas funciones se pueden priorizar de muchos modos diferentes, respondiendo a la política y propósitos de cada universidad; pero, en todo caso, la investigación en general debería satisfacer la variedad de intereses de los diferentes grupos de influencia de la sociedad universitaria.
En cuanto a la situación del financiamiento, escasa como ya se dijo, los fondos con los que una institución universitaria cuenta para investigar son de tres tipos: (a) presupuesto normal de la universidad; (b) gubernamentales para proyectos específicos, y (c) provenientes de la industria. En Venezuela, propiamente, “en la última década, el gobierno nacional ha venido financiando el 48,3% de la actividad científica venezolana; la empresa privada el 34,03% y la Educación Superior el 17,6%, lo cual deja en evidencia que el Estado realiza el mayor aporte financiero” (Vásquez y col, 2006). En consecuencia, una primera fuente de recursos que deberían intentar las universidades, muy en particular las privadas, es la subvención por parte de las instancias gubernamentales, más específicamente, de las Gobernaciones de Estados o de las Alcaldías, siempre más inclinadas a costear proyectos que resuelvan problemas sentidos de sus localidades.
Además, a un nivel nacional, otra respuesta posible está en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los doce días del mes de julio de dos mil cinco. Año 195° de la Independencia y 146° de la Federación), la cual es un estamento legal que debería inspirar y normar el desarrollo de la investigación en el país.
Ahora bien, las acciones mencionadas no dejan de implicar riesgos, por lo cual es preciso tomar ciertas precauciones. Empezando de atrás hacia adelante, algunas previsiones se derivan de la condición de la LOCTI. Concretamente, la ley luce mucho más como un texto normativo que como un elemento inspirador; de suyo, en ella sólo se encuentran dos artículos, el 2º y el 5º, que mueven a una visión más amplia de los fines y propósitos de la investigación. Estos dos, a la letra, dicen:
Artículo 2. Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y de interés general.
Artículo 5. Las actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como, la utilización de los resultados, deben estar encaminadas a contribuir con el bienestar de la humanidad, la reducción de la pobreza, el respeto a la dignidad, a los derechos humanos y la preservación del ambiente.
El resto de las previsiones legales dibujan un fuerte entramado que actúa como marco, o como soporte, de la indagación, pero no dan luces en relación a fines o metas nobles que perseguir. Esto supone un problema muy importante, ya que da pie a peligros implícitos en toda bonanza instantánea, como los desmanes que acompañan a los hallazgos de una gran veta de oro, migración masiva y distorsión de las relaciones económicas y sociales, por ejemplo.
Por esto, en el caso de los modos que la LOCTI prevé para la disposición de fondos externos, bien procedentes de las agencias gubernamentales o de entes privados, se encuentra para las universidades un arma de doble filo. Por una parte, son un elemento en nada despreciable, que sirve para mitigar la difícil situación del financiamiento; y, por la otra, su efecto puede dislocar la dinámica de la institución, al favorecer acciones que no están en línea con las políticas o los modos aceptados de actuar de la academia.
Usando una analogía tomada de la ecología, un fuerte aporte a una institución, independientemente de su origen, puede actuar como la introducción de una especie en un ambiente en el cual ella no tiene quien la controle, como el caso de los conejos en Australia, desquiciando gravemente el equilibrio ambiental fruto del tiempo.
Por esto último, es necesario precisar algunos criterios que guíen la adopción o rechazo de los aportes a la investigación provenientes de agentes externos. Para ello se proponen a continuación cinco características que debería cumplir todo proyecto objeto del financiamiento externo:
Además, resueltos los problemas anteriores, quedan por solventar, al menos, otros dos interrogantes, relacionados con el flujo de los fondos desde las fuentes a sus destinatarios, los investigadores (Brunner, 2005).
Para esto es preciso que las universidades desarrollen una cultura organizacional que privilegie la solución de problemas sentidos por la comunidad y que, además, desarrollen medios convenientes y eficientes para la rendición de cuentas, a través de los cuales sea posible el monitoreo constante de la fiscalización del uso de los fondos y la evaluación de los beneficios derivados de su inversión.
Asimismo, ante la actual situación de demanda exacerbada de parte de la sociedad hacia las universidades, en el sentido de que se conviertan en el eje y motor del cambio social, las universidades deben actuar con la serenidad que su larga historia les inspira, no deben caer presas de la precipitación; discurriendo calmadamente sobre los elementos de una nueva fórmula que integre lo que se habrá de investigar y el origen de los fondos destinados para ello, partiendo de la idea de conservar su integridad organizacional, aun cuando se vuelque más que en tiempos previos a la consecución de soluciones socialmente sentidas. Además, no deberían permitir que la disponibilidad de mayores cantidades de fondos, siempre anhelados, altere su dinámica organizacional y les lleve, como la luz a los insectos, a derroteros que si bien son más brillantez igualmente son harto más peligrosos.
Habría que aprovechar esta ocasión para reconocer la necesidad de una universidad más sustanciada con su entorno, que sin perder su compostura y perfil específico, logre identificar unas áreas de provecho mutuo, sociedad/universidad, en las cuales sea posible fortalecer la acción investigadora universitaria, sin que ello signifique la abolición de otras cualidades igualmente caras y esenciales al carisma de cada institución.
En una situación como esta, son las universidades de gestión privada, generalmente más carentes de recursos para la investigación, las que están en mayor riesgo; por tanto, son ellas quienes deberían ocuparse en una mayor vigilancia de la procedencia, las intenciones y los efectos de los nuevos modos de financiamiento, porque estos aun inspirados en la mejor voluntad pueden llegar a desequilibrar el balance del desarrollo de la investigación, desquiciando a la postre, igualmente, a toda la organización.
Por último, la UCAB, a la luz de estas consideraciones y asumiendo que una buena plataforma de recursos, tanto físicos como de información, es muy necesaria para la realización de una cierta cantidad de sus investigaciones, ha decidido utilizar inicialmente los aportes provenientes de LOCTI para hacerse de una infraestructura adecuada, actualizada y con equipamiento tecnológico de punta.
Es por ello que parte del primer grupo de aportes se dedicó, fundamentalmente, a la construcción y/o dotación de sus tres bibliotecas principales (respectivamente en las sedes de Montalbán, Guayana y Coro), así como a la modernización y equipamiento de laboratorios tanto para uso general de todas las carreras, como especializados para Ingeniería y Educación; incluyendo, además, a Derecho que contará con dos aulas especialmente diseñadas para juicios orales. Y, por otra parte, se iniciaron 53 proyectos de investigación en diferentes Institutos y Centros.
Todo esto está permitiendo, sin duda, que los aportes provenientes por la aplicación de la LOCTI fortalezcan la investigación en la UCAB, en un tiempo más bien corto, sin la necesidad de transferir estos costos a la matrícula estudiantil.